8 JP AUTONOMÍAS —No tenemos datos o referencias que apunten hacia esa dirección. No lo vemos en la sociedad, tampoco en los medios de comunicación… Aquella ‘alarma social’ de años atrás llegó a Canarias desde otras comunidades y actualmente no la vemos. El 1 de enero de 2024 decayó la suspensión de apertura de nuevos establecimientos de juego. ¿Qué percepción aprecia tras esta nueva situación? —La moratoria decayó, pero la Planificación sigue vigente por más que nuestra intención es acometer una reforma de la misma. Los mecanismos de control se mantienen y los operadores lo saben. Han salido al mercado, pero desde la máxima que el tope por isla permanece intacto. No hay riesgo alguno de una explosión y la prueba la tenemos en el comportamiento que estamos observando en estos últimos meses. Reformar la Planificación es la opción elegida por el Gobierno de Canarias. ¿Qué aspectos a considerar tendrá la Planificación? —Los dos criterios fundamentales sobre los que irradia el resto son la planificación por insularidad y por subsectores. A partir de aquí la asignación de unos topes que determinaremos oportunamente y, que no olvidemos, ya están muy determinados por cada una de las islas. La racionalidad prevalecerá porque, aunque planteáramos más, el propio sector sabe cuáles pueden ser sus expectativas de rentabilidad. ¿Hay márgenes de crecimiento en esa Planificación? —Muy pequeño, a mi juicio. El actual reparto de Casinos está en el tope. En Bingos pudiera haber algún margen todavía sobre todo por la gran diferencia de número entre la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife que se descompensó tiempo atrás y que pudiera reequilibrarse. En el caso de Salones de Juego tenemos que analizar. Son aspectos que estamos abordando y evaluando también con las empresas operadoras en la Mesa que tenemos de interlocución. Y en el caso de las Apuestas… —Los corners y áreas en los establecimientos de juego de Canarias y la competencia del Online estatal han determinado, a mi juicio, el agotamiento de su recorrido. Tampoco vamos a autorizar la posibilidad de un mayor crecimiento. El sector también te lo transmite porque representan a una actividad económica que también acredita instrumentos de autorregulación y se mueve en parámetros de rentabilidad. Canarias no es el mismo caso de otras comunidades. El real decreto-ley de 9 de diciembre de 2021 del Gobierno de Canarias de entonces defendía literalmente “un análisis sosegado y riguroso de los datos con máxima participación de todos los actores implicados”. ¿Existieron tales análisis? —Quienes nos hemos movido en el campo académico sabemos que con los datos pueden establecerse conclusiones que defiendan un criterio y otro. Yo tengo la convicción que en la anterior legislatura a la que usted alude al mencionar ese decreto-ley no se habló con todos los sectores. En la actualidad, yo estoy hablando con todos y cada uno de los representantes del sector. Interpreto por sus palabras que la interlocución con la representatividad empresarial está siendo óptima. —Tenemos instrumentos para esa interlocución donde se analizan todos los temas, pero a sabiendas que la Administración tiene la última palabra. Nuestra política es la de no adoptar medidas sin mediar un análisis previo con el sector implicado. Si se tienen que adoptar medidas en el sector agrario, hablamos con su representación, si es con el ganadero, igual. El sector del juego presencial de titularidad privada no es una excepción. La publicación del dato sobre inscritos en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Canarias de 83.863 personas a 31 de diciembre de 2023 ha sorprendido muchísimo. Aparenta que se trata de un dato no depurado. —Me temo que se trata de un dato acumulativo que ciertamente habrá que depurar. Creo que nos movemos entre el 0’1%/0’3% de la población mayor de edad. Lo abordaremos de inmediato. ¿Canarias tiene previsto firmar un Convenio que vincule el Registro Autonómico de Interdicciones y el Estatal? —Sí. De hecho, está muy "El punto de partida siempre es velar por la seguridad jurídica de la empresa y garantizar la protección de menores y vulnerables" "Nuestra política es no adoptar medidas sin mediar un análisis previo con el sector implicado. La interlocución es clave"
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