El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señala que la actual norma tiene más de tres décadas de vigencia y que la enviada al Parlamento espera que rija en el segundo trimestre de 2023.

Rueda resaltó en la presentación ante los medios tras el Consello de Gobierno el largo período de "participación de todos los colectivos implicados", incluida la creación de un grupo de trabajo de 'juego responsable' en el cual participaron todos los sectores del juego de entretenimiento presenciales de titularidad privada y aquellos departamentos de la Xunta implicados: sanidad, educación, política social y emergencias, conjuntamente con asociaciones de lucha contra las patologías y profesionales conocedores de adicciones. No hubo referencia alguna por el presidente de la Xunta a los juegos de SELAE y ONCE.

Fue el consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, quien amplió detalles en su primera comparecencia tras un Consello de Gobierno desde su nombramiento. Habló de la limitación del número de establecimientos y terminales de juego a instalar (2 casinos +2 adicionales,12 bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas) con el matiz que las autorizaciones (hasta hora indefinidas) pasan a circunscribirse a un período de 15 años.

El texto que llega al Parlamento estipula una distancia de 300 metros de locales de juego con centros educativos y de rehabilitación de adicciones, cuya redacción literal conoceremos en breve, a la cual tendrán que adecuarse las nuevas licencias.

El control de acceso será imperativo en los Salones y Tiendas de Apuestas. Y el régimen sancionador, según adelantó Calvo, prevé ¡hasta 600.000 euros!, lo que no parece ajustarse a norma alguna de proporcionalidad.

El Observatorio Galego do Xogo debería funcionar a los seis meses desde la aprobación de la ley.

Los bingos organizados en residencias de mayores y centros de día, siempre que no superen las cuatro sesiones/mes y que no se apuesten más de 300 euros, quedan excluidas del alcance de la ley.