Fidel Molina y Santiago Moreno trasladan al eurodiputado la preocupación de las pymes de Hostelería en Comunidad Valenciana por el severo riesgo de continuidad de las máquinas B en sus establecimientos.

Señalan que la ley valenciana "congelará" durante 5 años la renovación de las licencias de las máquinas B instaladas en bares y restaurantes a expensas de que el Botànic elabore un estudio que analice el impacto social y sobre la salud pública de las máquinas recreativas en hostelería.

Fidel Molina precisa que "el estudio debiera haberse realizado con anterioridad a la promulgación de la ley. No es de recibo dejar sin los ingresos generados por estas máquinas para posteriormente estudiar si éstas tienen o no impacto sobre la salud pública".

Las explicaciones al eurodiputado popular, José Luis García-Margallo, recalcaron la necesidad de derogar el artículo 51 de la ley del Juego valenciana que impone el mando de activación para las máquinas cuando SELAE y ONCE instalan sus terminales en hostelería sin autorización administrativa u otra limitación.

SOS Hostelería recuerda que sobre 65.000 inspecciones en locales de juego y hostelería no ha sido incoada acta de infracción alguna por menores. "No existe un problema por menores".
En el escrito trasladado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Santiago Moreno atribuye a la norma valenciana la conculcación de la libertad de establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en el mercado interior (artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y libertad de prestación de Servicios (artículo 56). Estiman igualmente que vulneraría varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

SOS Hostelería espera mantener reuniones con los eurodiputados Estrella Durà (PSPV-PSOE), Jordi Cañas (C's) y Jorge Buxadé (Vox).