El objetivo es que la entidad coordine las entidades nacionales y las Unidades de Inteligencia Financiera para asegurar que todos los negocios dentro de cada Estado miembro cumple con las reglas de blanqueo de capitales.

Las líneas argumentales que sustentan esta nueva propuesta legislativa en el marco de la Unión Europea (UE) incluyen la revisión de la Norma sobre Transferencia de Fondos, particularmente respecto de los activos de criptomonedas (2015/847/EU); una nueva Directiva que reemplace la existente 2015/849/EU que contiene provisiones para trasponer en cada uno de los Estados miembro, y; nueva regulación acerca de los requisitos de 'diligencia debida'.

El ente que pretende crearse se ocuparía de supervisar algunas de las instituciones financieras que entrañan mayor riesgo por actuar en un mayor número de Estados miembros y, en su defecto, requieran una actuación inmediata.

La iniciativa prevé crear una 'lista negra' y una 'lista gris' sobre los países que muestran un riesgo más elevado por blanqueo de capitales. Precisamente Malta fue incluido recientemente en la 'lista gris' por la Financial Action Task Force (FATF).

Otra de las consecuencias de este proyecto es fijar en 10.000 euros el límite de los pagos en efectivo, circunstancia que ya cumplen el 75% de los Estados miembro y, de hecho, en España este límite se ha reducido desde la semana pasada a los 1.000 euros.