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CONGRESO JUEGO AVILA28 JPDaniel Choliz: %u201cLa biometr%u00eda incide en el derecho de la persona. La norma auton%u00f3mica obliga a la empresa; una ley org%u00e1nica estatal afecta a la persona%u201d. El abogado del %u00c1rea de Compliance y Derecho Digital de Deloitte, Daniel Choliz, lament%u00f3 la falta de claridad y sencillez de las normas sobre Protecci%u00f3n de Datos como contraposici%u00f3n al car%u00e1cter estricto de la normativa de Juego en Espa%u00f1a.Destac%u00f3 la relevancia de la Gu%u00eda de la AEPD, cuyo contenido detalla que el consentimiento tiene que ser libre y que tiene que haber alternativas a la biometr%u00eda cuando sea la menos invasiva. Choliz se%u00f1ala que la Gu%u00eda identifica riesgos y articula un mecanismo de %u2018evaluaci%u00f3n de impacto%u2019, adem%u00e1s de recordar como sus colegas de Mesa la capacidad sancionadora de la AEPD.Si se opta por la biometr%u00eda, Choliz aconseja %u201cevaluar bien los riesgos de impacto%u201d (...) %u201cLa enorme importancia y responsabilidad de quien asume el tratamiento de datos en la empresa. Y consultar a la AEPD si lo que se hace o se quiere hacer se est%u00e1 haciendo bien%u201d. Aprovech%u00f3 para pedir a las autoridades que %u201cel criterio de consentimiento no se endurezca y sea m%u00e1s flexible%u201d. Choliz duda que una norma auton%u00f3mica con rango de ley pueda regular la implantaci%u00f3n de datos biom%u00e9tricos en la comunidad aut%u00f3noma. %u201cEl foco de la cuesti%u00f3n reside en la persona, no en la empresa. Y la normativa auton%u00f3mica obliga a la empresa, pero no puede obligar a las personas. Las normas con rango de ley org%u00e1nica piensan en la persona. Si el Estado acudiera al TC, lo normal es que se rechazara la norma auton%u00f3mica porque vulnera los derechos de la persona%u201d. nInfructuoso ejercicio de Susana Pastor por hallar justificaci%u00f3n al obligatorio control de acceso biom%u00e9trico impuesto en Castilla-La Mancha. La mesa que pretend%u00eda aportar luz sobre la utilizaci%u00f3n de la biometr%u00eda por las empresas operadoras en el control de acceso a Salones de Juego y por extensi%u00f3n de establecimientos de juego en general se convirti%u00f3 en una pesadilla para Susana Pastor en su anhelada b%u00fasqueda de respuestas que la ayudaran a despejar la irregular situaci%u00f3n que objetivamente tiene la Junta de Castilla-La Mancha, donde todos los establecimientos de juego incorporan control de acceso por m%u00e9todos biom%u00e9tricos. As%u00ed fue estipulado en un decreto aprobado por la Administraci%u00f3n auton%u00f3mica que sigue en vigor, pero que carece del socorro de la ley auton%u00f3mica.Ni el exdirector de la Agencia Espa%u00f1ola de Protecci%u00f3n de Datos (AEPD), Jos%u00e9 Luis Pi%u00f1ar, ni el exletrado del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Hern%u00e1ndez-Corchete, ni el abogado de Compliance de Deloitte, Daniel Choliz, allanaron la respuesta esperada por Susana Pastor que, en esencia, aspiraba a que una enmienda legislativa auton%u00f3mica subsanara el problema generado que actualmente deja a las empresas operadoras y a la propia Junta en riesgo frente a eventuales decisiones de la AEPD, aunque s%u00f3lo fuera para reclamar un informe de %u2018evaluaci%u00f3n de impacto%u2019 de la instalaci%u00f3n biom%u00e9trica que actualmente operan las empresas en sus establecimientos.No hubo consuelo alguno para Pastor porque los tres ponentes coincidieron que s%u00f3lo una ley org%u00e1nica estatal capacitar%u00eda de facto realmente la implantaci%u00f3n de la biometr%u00eda porque lo que prevalece es el derecho de las personas, no de las empresas proveedoras del servicio. Es decir, su abordaje requiere una norma de rango estatal.Castilla-La Mancha es la %u00fanica comunidad aut%u00f3noma que ha impuesto la utilizaci%u00f3n de controles de acceso a establecimientos de juego, aunque tal requisito lo ha sido v%u00eda decreto. n