Casi el 81% de la población adulta española practicó algún juego de azar en España en 2021, un dato suficientemente revelador de que la acción de jugar es una práctica normal en las vidas de los adultos como una forma de distracción más por lo que su consideración y regulación no deben estar subordinadas a si la titularidad de la gestión es pública o privada.

Juegos como los proporcionados por la ONCE y SELAE fueron los más consumidos en 2021. En orden de mayor a menor, el Gordo de Navidad fue el elegido por más españoles (24'5 millones de personas). El Niño con 14'5 millones de personas ocupó el segundo lugar en esa clasificación que evalúa el consumo. La Primitiva con 12'8 millones de personas fue la tercera modalidad de juego más demandada. Y los Cupones de la ONCE completaron el ranking de las cuatro propuestas de juego más requeridas por la ciudadanía española con 8'9 millones de personas.

La oferta de juegos de entretenimiento de titularidad privada reportaron en 2021 indicadores de consumo medio muy por debajo de los índices de los juegos de titularidad pública y semipública.

La esencia de todos los juegos no se ve alterada por el hecho que su titularidad sea pública o privada. Las apuestas deportivas son en realidad una evolución de la Quiniela y los 'rascas' están fundamentados en el mismo concepto que las máquinas de azar (Tipo C) de los casinos: premio aleatorio e inmediato.

A pesar de las similitudes, la estigmatización de la actividad del juego sólo opera hacia una dirección, que es asociar el juego privado con el 'juego problemático' y los juegos públicos y semipúblicos con elementos de tradición e ilusión.

La práctica del juego es una forma de entretenimiento y una estupenda manera de interactuar socialmente con el atractivo de la emoción y la ilusión de obtener un premio.

Diversos sectores políticos han querido estigmatizar la oferta de juego gestionada por empresas privadas en los últimos años derivando en políticas que imponen duras restricciones a la actividad de los operadores del sector del juego de entretenimiento de titularidad privada.

El resultado es un tratamiento asimétrico que se refleja en el trato de favor que la Administración, titular del juego público, se dispensa a si misma.