La celebérrima pregunta acuñada en los 80 por José María García recupera protagonismo tras la denuncia de la Intervención General de la Administración del Estado que acusa a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de "discrecionalidad en la adjudicación".

Ha sido el aviso a la Audiencia Nacional sobre hechos que se remontan al período 2009/2013 y también en 2015. Se trata de fondos públicos procedentes de la Quiniela, cuya gestión habría carecido de una selección de actuaciones.

La cuestión de fondo es esclarecer si se realizó una distribución y adjudicación arbitraria del porcentaje del 1% o del 4'55% de la recaudación de las apuestas mutuas deportivas del Estado cuyo destino objetivo eran campos de fútbol no profesional entre las Federaciones Territoriales.

La Intervención del Estado señala que ni en la Comisión Mixta del Consejo Superior de Deportes (CSD), ni en la Comisión Económica de la RFEF fueron asignadas normas o documentos en los que se apuntaran criterios objetivos de evaluación de solicitudes de ayuda o de proyectos a financiar con los fondos de las Quinielas. En consecuencia, al no hacerlo, no se aseguró la objetividad en el reparto de fondos públicos, se favorece un uso discrecional del dinero y no garantiza cumplir con los límites en el uso de los recursos públicos fijados por los Convenios.

La distribución de la recaudación y de los premios procedentes de la Quiniela atribuía el 1% de la recaudación íntegra al CSD y tras la vigencia de la ley estatal del Juego en 2011 este indicador pasó al 4'55% de la recaudación del nuevo impuesto IAJ que se habilitó a continuación.