En vísperas del Congreso de Ávila los distintos subsectores trasladaron durante la Comisión de Juego "el profundo malestar" generado por esta exclusión

La votación sobre el proyecto de decreto en el curso de la Comisión del Juego de Castilla y León deparó un ajustado resultado de 7 a 6 sobre 13 asistentes; los 6 votos contrarios se corresponden con cada uno de los distintos subsectores del Juego Privado de la comunidad que han acogido el posicionamiento contrario de la Junta con enorme desagrado.

El proyecto de decreto, cuyo texto adjuntamos en la presente información, determina como miembros de la Comisión Técnica al titular del órgano directivo central competente en materia de juego y apuestas como presidente y siete vocalías que reúnen a los responsables de la Administración en materia de Salud, Protección de Menores de Edad, Programas y Planes de Innovación Educativa, Juventud, y de Servicios Sociales en el ámbito de Conductas Adictivas, además de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de la Federación Castellano Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados (las dos últimas serán renovadas cada cuatro años). Las reuniones de la Comisión una vez al año o cuando lo soliciten al menos la mitad de sus miembros.

Las funciones de la Comisión incluyen el análisis de la situación del sector del Juego y la incidencia en la sociedad de Castilla y León; coordinar actuaciones en lo relativo a políticas de juego responsable y prevención y lucha contra el juego problemático; seguimiento de la Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico; emitir estudios como el impacto del juego en la sociedad, y; emprender acciones para sensibilizar, informar y divulgar entre la sociedad las buenas prácticas.  

La Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable como órgano colegiado encargado de coordinar las políticas en materia de Juego fue una de las novedades introducidas en la reforma de la ley del Juego, que adicionó el nuevo artículo 28 bis.

El proyecto de decreto será remitido ahora al Consejo Económico y Social de Castilla y León para que emita dictamen.