Algo más de 4 millones de euros buscan destino para las convocatorias, cuyo proyecto de Orden reguladora es sometido a exposición pública hasta el 28 de enero.

El departamento que encabeza Alberto Garzón busca nutrir de literatura con la que colocar los 'trastornos de juego', los 'efectos derivados de los trastornos' o los 'riesgos asociados a estas actividades' en un lugar preeminente del discurso. En ese objetivo dispone de 4'10 millones de euros derivados del 25% del 0'75/1000 de los ingresos brutos procedentes de la 'tasa de gestión administrativa del juego', que en 2020 significó una cuantía de 21'84 millones de euros, según adelantó la revista Joc Privat (JP346/Mayo 2021).

El portal del Ministerio de Consumo somete a audiencia el texto que adjuntamos en la presente información, de cuya vigencia podrán beneficiarse centros públicos de investigación: universidades, institutos universitarios, centros adscritos, entidades sanitarias públicas vinculadas con el Sistema Nacional de Salud, centros públicos de I+D+i con personalidad jurídica propia, y; centros privados de investigación: universidades con capacidad y actividad demostrada en I+D+i, centros privados vinculados con el Sistema Nacional de Salud y entidades sin finalidad de lucro que colaboren con centros de investigación públicos o privados.

El proyecto de Orden otorga al subdirector General de Regulación de Juego la presidencia de la Comisión de Evaluación, que deberá examinar las distintas líneas de investigación: detección temprana de comportamientos de juego de riesgo o mayor gravedad; daño individual, familiar o social asociado al juego (salud personal, impacto económico o psicológico, dificultades financieras, afectación laboral, afectación en las relaciones sociales, problemas legales), relación de videojuegos y juegos de azar o apuestas, y; características estructurales de los juegos de azar o apuestas.

Requiere que el equipo de investigación esté compuesto por un mínimo de tres investigadores principales y que en la documentación a presentar figure una memoria de proyecto de investigación, presupuesto de gastos del proyecto, currículum vitae del investigador, acreditación de la representación legal y certificación administrativa.