Estima que es una legislación insuficiente porque no protege los derechos fundamentales de los consumidores "por el carácter predatorio de las apuestas virtuales"

La Fiscalía, representada por Paulo Gonet, afirma que "las apuestas violan los derechos sociales a la salud y a la alimentación, además de los derechos de los consumidores, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad".  

Paralelamente señala que se trata de una norma que desconoce el requerimiento constitucional de servicios públicos por licitación.

Más allá de la decisión final que pueda ser adoptada por el Tribunal Supremo, el inicio de la actividad regulada a partir del 1 de enero de 2024 pudiera verse seriamente comprometida por los procedimientos inherentes a este recurso judicial que plantea la Procuradoría General de Brasil, es decir, una institución federal.