#CongresoANESAR | El director Corporativo de la Asesoría Jurídica del Grupo Luckia, Francisco Feijoo, comparte con el presidente del Colegio de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, y el director de Asuntos Laborales de CEIM, Luis Méndez, un entretenido ejercicio de reflexión sobre los constantes y cada vez más difíciles obstáculos en la labor del empresario en general.

El nivel de presión normativa que soporta las empresas y la ciudadanía española es brutal. Fernando Santiago no cree que sea persecución normativa “porque en tal caso significaría que los políticos lo cometen a posta, pero el Banco de España cifra en 414.272 leyes las aprobadas en todos los años de la democracia en España, es decir, 9.634normal al año o lo que es lo mismo una norma cada 7 minutos. La consecuencia de todo ello es que resulta imposible cumplirlas todas por lo que no debe estar muy bien hecho”, definió con ironía.

Santiago se opone a la legislación desde parámetros de macroeconomía cuando se fiscaliza permanentemente a la empresa. “Hay que legislar desde el principio de la microeconomía”.

En torno al absentismo laboral Fernando Santiago defiende en primer ligar proteger a los médicos y, en segundo lugar facilitar a la Inspección de Trabajo que verifique al trabajador esa baja.

Luis Méndez lamenta que el Gobierno se haya acostumbrado a los decretos-ley. “Es inasumible para cualquier empresa porque contradice el criterio de iniciativa legislativa que obliga a un diálogo que esta fórmula sustrae. Más si cabe cuando se critica que las empresas tengan ánimo de lucro.

Acerca del absentismo laboral Méndez pone el acento no en las bajas comunes, sino en las contingencias comunes por la duración extraordinaria de las bajas laborales. “Si fuera por este tipo de bajas, la OMS tendría que intervenir declarando una pandemia. Actualmente este tema es un asunto sangrante para las empresas porque nunca antes se habían llegado a los niveles actuales” (…) “Tenemos que controlar las bajas”. El Instituto Nacional de la Seguridad Social realmente interviene cuando llegan los 365 días de baja porque se niegan el 70%vde las solicitudes de incapacidad permanente. Y ya actúan cuando se llega a los 540 días”.

Méndez reitera que “la empresa necesita seguridad jurídica. Lo contario lastra la contratación. Actualmente más de 1 millón de personas demandantes de empleo tienen trabajo de contrato fijo discontinuo parcial”.