La Administración catalana somete a una nueva consulta pública previa con el objetivo de elaborar un proyecto de decreto para modificar el actual 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Catalunya, así como los criterios aplicables a su Planificación.

Coincidiendo con el nombramiento de la consellera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, a finales del año 2022 se puso final a un procedimiento para modificar el decreto de Planificación que afectaba a las distancias entre establecimientos de juego, a las distancias con establecimientos educativos, a la amortización de las autorizaciones de los locales de juego y a la reducción de las bajas temporales B al 10%. Unas semanas antes la titular de Tributos y Juego, Natàlia Caba, se hacía eco del mismo durante su intervención en el ExpoCongreso de Torremolinos.

Resulta sorpresivo que con el actual Govern en funciones y con la expectativa de constitución del Parlament el próximo lunes 10 de junio el Departament de Vicepresidència y de Economia i Hisenda reanude este procedimiento de modificación con esta primera etapa de ‘consulta pública’.

En la exposición de motivos de la ‘consulta pública’ se reconoce explícitamente que “actualmente en el territorio de Catalunya no hay ninguna zona en la que haya concentración de establecimientos de juego con los conflictos que eso está provocando en otras comunidades autónomas (especialmente por la existencia de locales de apuestas y la posibilidad de que éstas puedan realizarse en establecimientos de hostelería, opción no prevista en la normativa catalana)”.

El documento sometido a ‘consulta pública’ utiliza las mismas referencias que el anterior que fue paralizado. Por ejemplo, al referirse a las bajas temporales de máquinas B utiliza datos del período 2011/2020, es decir, ya han pasado bastantes años desde entonces y la situación ha evolucionado como saben los lectores de Joc Privat y JPNoticias por los informes regulares que hemos publicado en este margen de tiempo.

Los objetivos que menciona la nueva iniciativa que abre este procedimiento son: “favorecer la práctica del juego responsable y la lucha contra la ludopatía y garantizar el principio de seguridad jurídica”.