La administrativa se apropió de casi 158.000 euros de fondos públicos procedentes de las entidades menores vallisoletanas en el fallo comunicado en la jornada de ayer por el TSJCyL con sede en Burgos

Ratifica la decisión con jurado popular emitida en mayo de 2024.

A lo largo del proceso judicial el grado de imputabilidad de la empleada pública aplicable a la ludopatía se convirtió en la principal incógnita.

La encausada alegó que su actuación de apropiación de 81.417 euros procedentes de fondos de Villavieja y 76.614 de dinero público de Villamarciel en dos cuentas de su propiedad y otra de su entonces pareja mediante transferencias que realizó fingiendo pagos a proveedores por distintos servicios, a las que hay que sumar otro 1.000 euros que la fiscal entendía que se había podido acreditar que obtuvo en mano de los vecinos por el cobro en metálico de distintas tasas.

En su descargo la trabajadora alegó que su actuación se vio condicionada "por la grave adicción al juego" en la compra incontrolada de décimos de lotería y cupones en la creencia de que más pronto que tarde obtendría algún premio que le permitiera devolver con creces el dinero público desviado.