La proposición no de ley del PSOE ante el Congreso de los Diputados afirma justo lo que no dice ninguna de las Encuestas a las que apela y hace un sinsentido morfológico en la definición normativa de "slots y máquinas de azar/tragaperras"

La utilización que efectúa el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados no puede ser más grosera en la semántica y más tendenciosa en la argumentación de la PNL que JPNoticias adelantó en su edición del pasado 3 de enero.

Begoña Brime Beteta es la directora del Observatorio Español de Drogas y Adicciones del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad y persona clave en la elaboración de las Encuestas ESTUDES y EDADES.

En la revista Joc Privat (JP384/Febrero 2024) ya denunciamos las grandes carencias y equívocos que en la elaboración de los estudios de campo sobre el comportamiento de la ciudadanía en la práctica del juego y, en especial, los menores de edad, caracterizan a estas dos Encuestas: la mezcla deliberada de franjas de edad que incluyen menores y mayores de edad; la no claridad en la pregunta al menor sobre a qué está jugando cuando afirma que lo hace presencial u online; ¿se indica al menor que jugar a los juegos regulados sólo es accesible a mayores de 18 años de edad?... Y tantas otras preguntas que ayudarían realmente a vectorizar a qué juegan los menores.

Brime sabe perfectamente, porque así se lo ha trasladado personalmente a la representación de la industria con la regularidad de las reuniones que mantienen, que los eventuales consumos de los menores en sus prácticas de juego no están precisamente en los juegos sometidos a regulación, y ni mucho menos en las Máquinas B en Hostelería. 

Resulta muy zafia la utilización torticera que el PSOE realiza de las conclusiones de tales Encuestas para achacar a la Máquina B en Hostelería los supuestos males que afectarían a los menores presencialmente porque ESTUDES y EDADES precisamente infravaloran su repercusión en el supuesto consumo por los menores de edad en favor (¡oh sorpresa!) de las loterías (65'5% en la Encuesta piloto ESTUDES a niños/as de 12 y 13 años de 1º y 2º de ESO que adjuntamos en la edición de JPNoticias del 3 de enero de 2025), cuya regulación compete al Gobierno español.

Tampoco podemos caer en la ingenuidad. Tras la iniciativa socialista irradia igualmente una deliberada intención por comprometer las estrictas y rigurosas regulaciones autonómicas, ya que la gestión normativa de la Máquina B reside en las Comunidades Autónomas y en la actualidad sólo tres de ellas tienen al frente un Gobierno socialista. Es decir, la PNL también pretende actuar como un elemento más de desgaste en la arena política. 

Los reguladores autonómicos son conocedores de la ausencia de una problemática procedente de menores/prohibidos en las B en Hostelería y que ni mucho menos subyace una 'alarma social'. Las regulares informaciones de JPNoticias por expedientes sancionadores a causa de menores en hostelería y locales de juego son el mejor ejemplo y el reflejo de que esa problemática no existe. Los propios Servicios de Inspección autonómicos y las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado así lo resaltan también (la más reciente en el curso de 'Operación Salón' en Sevilla el pasado mes de diciembre).

Sin embargo, la experiencia viene demostrando cuan débil es en los últimos años que las Comunidades Autónomas defiendan sus competencias autonómicas y su capacidad regulatoria. Así lo comprobamos en el Acuerdo ONCE-Estado que guía la gestión de JuegosONCE con prebendas sin parangón en la Unión Europea. El Gobierno español pretende hacer valer el argumento de la PNL en el tan devaluado Consejo de Políticas de Juego (CPsJ).