El cese de Luis Miguel Torres era una circunstancia prevista desde que fuera elegido diputado autonómico, pero más allá del nombre que lo relevará el Área de Juego de la Comunidad urge la incorporación de personal y la dotación de medios ante el riesgo cierto de colapsar la numerosísima gestión administrativa que afronta.

Adiós a apenas dos años en las funciones de director General de Seguridad, Protección Civil y Formación, que entraban las competencias de Juego. Un período marcado por la pandemia, de enorme dificultad, pero que ha servido para agudizar más si cabe la necesidad imperiosa de dotar al Servicio de Juego de la Comunidad de un mayor número de efectivos personales y la dotación económica que requiere un departamento que se manifiesta de enorme transcendencia y responsabilidad, y con un volumen de trabajo absolutamente imposible de afrontar por el personal actualmente en el desempeño.

Ayer el BOCM publicó la resolución de 28 de mayo que convoca un contrato de Servicios de Telecomunicaciones para la Consejería de Presidencia. No queda claro si el Servicio de Juego resultará beneficiado, pero el Gobierno de Díaz Ayuso tiene que entender la urgencia de adoptar medidas para proporcionar herramientas que optimicen la eficiencia y eficacia de las gestiones administrativas y documentales. Mucho más si Juego va a centrar buena parte de las miradas durante los dos años de legislatura vía ley y vía decreto de Planificación.