Los Informes registran las 96 personas que fueron tratadas por adicciones comportamentales y el núcleo principal del documento gira en torno a sus características, entre ellas que 27 de las afectadas ya tienen en su haber un diagnóstico por patología mental previa, y que sólo la mitad de ellas permanecía inscrita en el Registro de Interdicciones (no aclara si el nacional o el autonómico).
Ni estudio sobre hábitos de la sociedad balear, ni definición de un trabajo de campo a partir del cual desplegar conclusiones sociológicas sobre el comportamiento de la ciudadanía balear respecto de las diferentes formas de juego y, pese a que el documento reza bajo el título 'Observatorio del Juego Online', apenas referencia alguna al impacto que la oferta de juego regulada y, por supuesto, aquella no regulada en el canal online en sus diferentes formas, causa en la sociedad adulta de la comunidad autónoma, salvo las reflexiones que ya conocemos de los informes de la DGOJ a nivel español. Es simplemente una recopilación de los estudios elaborados por EDADES y ETUDES y una aproximación a las acciones emprendidas sobre la materia en Reino Unido, al cual se dedica un capítulo.
Adjuntamos dos Informes. Uno de ellos es una recopilación de los estudios elaborados por ETUDES y EDADES, mientras el otro compila en doce páginas los 'Indicadores sobre Tratamiento de Trastornos Comportamentales' centrados en las circunstancias que caracterizan a los 96 individuos afectados, su situación familiar y laboral y sus antecedentes de salud, que también forma parte del documento principal presentado a Garzón. Es decir, podemos conocer las circunstancias que rodean a estas 96 personas en su drama personal, pero no capacita aproximarnos a la realidad que la oferta del juego regulado y el no regulado merece entre la sociedad balear.
Cuando el vicepresidente Yllanes acudió a la sede del Ministerio de Consumo a presentar el Informe a Alberto Garzón, a la vista del contenido difundido, ya presumimos que el valor académico de la iniciativa se barruntaba desfocalizado, en tanto ya mezclaba conclusiones aparecidas en ETUDES y EDADES de 2019, cuya dimensión es estatal, con referencias a personas en tratamiento (seguimos desconociendo si la patología ya ha sido diagnosticada) en Islas Baleares.
El acceso a su lectura ha confirmado aquellos presagios. Además, la terminología que utiliza este documento, que es oficial del Govern balear, causa sonrojo al introducir términos coloquiales que distan mucho de otorgarle al mismo condición académica. Incurre en errores semánticos que se presumen deliberados (¿o no?), tal como la utilización del término 'máquinas de azar' para referirse a las máquinas B instaladas en Salones, Bingos y establecimientos de Hostelería cuando precisamente en este tipo de locales la oferta se circunscribe a máquinas recreativas con premio limitado, cuya intensidad de premio es significativamente inferior en la hostelería. Las 'máquinas de azar' sólo son posibles en Casinos.
Las 96 personas tratadas se identifican con individuos derivados desde la Associació Juguesca, Projecte Home, UCA Eivissa, UCAs Menorca, UCAs Jove y UCAs Mallorca.
No olvidemos que el Informe, que consta de una treintena de páginas, se sufraga a cuenta del erario autonómico e incluso está prevista una partida adicional si fuera necesario. Confiemos que el próximo pretenda ser más ambicioso académicamente hablando.