Alucinante propuesta de MÉS, que anima al Ejecutivo balear a la compra de aquellos establecimientos de juego que, a su juicio, estarían incumpliendo el artículo 3 de la ley por no respetar la distancia mínima con centros educativos y espacios de ocio, pese a que su licencia es anterior a la reforma de la ley del Juego de 2023 y ésta los excluía de tal adaptación.

Dicho en román paladino lo que plantea este grupo parlamentario es que el Gobierno autonómico nacionalice aquellos establecimientos de juego de Baleares que, bajo su singular interpretación, no guardan la distancia que el grupo parlamentario estima debieran mantener.

Más allá del disparate de animar al Ejecutivo a comprar locales de juego propiedad de empresas privadas con dinero público, MÉS está pidiendo vulnerar lo estipulado en la reciente reforma de la ley del Juego 9/2023, de 3 abril, que en su Disposición Transitoria Segunda excluía la exigencia del criterio de nueva distancia implantado a establecimientos de juego de nueva autorización a los autorizados con carácter previo a la norma, la mayoría de los cuales acredita una larga trayectoria. “No serán de aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 3.1 de la ley en la renovación de las autorizaciones concedidas con anterioridad a la vigencia de la ley sobre las cuales no se exigía cumplimiento de dichas limitaciones”, detalla literalmente uno de los puntos de la Disposición Transitoria Segunda de la ley en vigor.

Adjuntamos el documento que recoge la enmienda formulada por MÉS en fecha 5 de marzo y emprendida por Lluís Enric Apesteguía Ripoll y Marta Carrió Palou incorporada en la proposición no de ley de ‘Prevención y atención a la adicción al juego y a las apuestas entre nuestros jóvenes’.