El litigio planteado por Magic City Casino de Miami sigue condicionando la comercialización del producto por la tribu.
Los semínolas han confirmado haber alcanzado acuerdos con cinco establecimientos que admitirían apuestas en sus instalaciones.
Se trata de Palm Beach Kennel Club, Hialeah Park Casino, Ocala Gainesville Poker/Ocala Breeder's Sales, Tampa Bay Downs, y TGT Poker&Racebook en la ciudad de Tampa. El comunicado de la tribu semínola divulgado en la madrugada del pasado viernes en España, asegura que espera alcanzar acuerdos con otras instalaciones.
Sin embargo, no hay referencia alguna acerca de un pronto comienzo de la actividad comercial de la apuesta en el Estado de Florida.
Y es que, pese a que el Gobernador Ron de Santis preveía que las arcas del Estado percibieran ya en octubre cerca de 20 millones de dólares de la tribu semínola como primer pago comprometido en el 'compact' o acuerdo alcanzado con la tribu, en efecto ese capital sería entregado sobre la repercusión de unos ingresos que todavía no han sido generados porque la actividad de las apuestas no es comercialmente operativa.
La razón ya la hemos expuesto en anteriores ediciones de JPnoticias: el litigio federal interpuesto por la empresa titular de Magic City Casino en Miami y Bonita Springs Poker Room, la familia Havenick. Las sociedades estiman que el 'compact' damnifica sus negocios porque no pueden competir con la misma oferta. De ahí que una variante de la demanda esté resolviéndose en un juzgado de Washington DC, capital federal.
Hace sólo unos días recordábamos que el Gobierno federal se había posicionado a favor del Gobernador De Santis y de los semínolas. Como informábamos el 18 de octubre, la ley federal prohibiría que las apuestas pudieran ser desarrolladas más allá del territorio de la tribu, lo que resultaría incompatible con la capacidad de comercializar apuestas online que también figura en el 'compact'.
Hay otra derivada: en 2018 se aprobó una enmienda en Florida por la que toda expansión de juegos de azar requeriría la votación previa de los habitantes en un referendum.