La Administración autonómica ha recordado en su interposición que las competencias sobre la materia le corresponden como respuesta a la modificación del PGOU que limita los establecimientos de juego fuera de zonas residenciales.

Finalizado el plazo de un mes que en la primera quincena de mayo le concedió la Junta al Ayuntamiento burgalés para que reconsiderara la iniciativa sin que ésta se produjera, la Administración autonómica se personó finalmente como parte en el recurso judicial que el TSJ instruye sobre este caso.

Además de la Junta, todas las asociaciones sectoriales de Castilla y León sin distinción, así como Comar y Casino de Valladolid, han hecho lo propio contra la decisión del consistorio que se justificaba en la decisión de crear "una categoría de 'uso terciario recreativo' en el nuevo PGOU para que los negocios privados no tuvieran licencia allí donde se va al colegio... Espacios de exposición continua", según palabras del propio alcalde, Daniel de la Rosa.

La instrucción judicial del expediente ha experimentado una sobrevenida novedad: la ausencia en el mismo del Informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Burgos, según ha podido confirmar JPNoticias, lo que lógicamente adquiere una importancia capital en todo el procedimiento porque ese documento pendiente se entiende que es donde reside la argumentación del consistorio burgalés para acometer el PGOU que de momento permanece paralizado.

Pese al error inicial de la Junta, que tardó en percatarse de la situación creada, lo más relevante es que finalmente la Administración autonómica ha salido en la defensa de sus competencias sobre la materia, al igual que hiciera la Junta de Andalucía en el procedimiento emprendido en la ciudad de Cádiz y en otras localidades andaluzas. No ha sucedido igual en Aragón o Catalunya ante iniciativas municipales de corte similar.