La no referencia a la 'baja temporal' en el redactado del anteproyecto de ley, que se ha demostrado un relevante activo para la operadora de la máquina B, trasciende nula sensibilidad del regulador hacia el valor de los activos de la empresa.
El máximo de casinos asignado en el anteproyecto es de uno por provincia que, "en todo caso, deberá contar en un radio de 25 kilómetros un asentamiento de población superior a los 300.000 habitantes" (sic), lo que ciertamente descarta que las ciudades de Lugo con una concentración poblacional de 98.025 habitantes, o bien Ourense con 105.505 habitantes, puedan acceder a este tipo de complejo. Sin embargo, lo singular es que atribuye un criterio que incluso pondría en cuestión las capacidades de las urbes de A Coruña (244.850 habitantes) y Vigo (293.642), que no alcanzan la cifra poblacional. Admite, eso sí, salas adicionales, pero dentro de la misma provincia.
El anteproyecto de ley aparentemente obvia la figura fiscal de la 'baja temporal', un elemento relevante en la capacidad de gestión de las empresas operadoras que, al término de 2020, contabilizaba cerca de 4.000 unidades B en tal situación. Lo que sí queda claro en el anteproyecto, dentro del empeño administrativo para menguar el parque B, es que las autorizaciones de máquinas B instaladas que pasen a 'baja definitiva' ya no podrían ser objeto de nuevas autorizaciones.
En el caso de Bingos la Planificación prevé una limitación máxima de 12 salas, que en Salones de Juego pasa a 118; para las Tiendas de Apuestas ese 'numerus clausus' se fija en 41.
Asigna como máximo 3.600 máquinas auxiliares de apuestas en "establecimientos de restauración y de ocio y entretenimiento". Otorga el anteproyecto un margen máximo de un año desde la vigencia de la ley para instalar todas las máquinas auxiliares de apuestas que tengan autorizadas en establecimientos de restauración y de ocio y entretenimiento; superado el plazo, extinguirá las autorizaciones si no constan efectivamente instaladas porque pasarán a 'situación de baja definitiva'. Y no podrán ser objeto de nuevas adjudicaciones.