El vicepresidente del Govern de Baleares aprovecha la reunión de la Mesa Social del Juego, a la cual niega asistencia de la representación empresarial, para anunciar la propuesta en el proyecto de reforma de la ley del Juego de un cupo máximo de 75 locales de juego en el territorio balear.

Y todo ello porque, según indicó ayer en comparecencia ante los medios, el enfoque de su departamento "lo es desde una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio, que es como se había tratado hasta ahora". Afirmación que complementó una vez más con un clásico: el deseo de "evitar que Baleares se convierta en un Las Vegas low cost".

Son palabras pronunciadas al concluir la Mesa Social del Juego celebrada ayer en Palma, organismo creado conjuntamente con el Observatorio del Juego en la actual legislatura y que reúne a la Direcció General de Comerç i Empresa del Govern balear, Colegio de Psicólogos, Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Juguesca como asociación dedicada al tratamiento de ludopatías, Proyecto Hombre y el Plan de Adicciones y Drogodependencias de Baleares.

La escenificación con representantes de estas entidades simbolizó ayer el fin del plazo de aportaciones a la consulta pública emprendida por el Govern para modificar la actual ley del Juego 8/2014. Como se deduce de la convocatoria, que no contó con presencia del sector empresarial (no fue invitado ningún representante), Yllanes destacó la colaboración de los asistentes en el planteamiento de consideraciones.

Fue un marcado ejercicio de gesticulación política inverosímil. Utilizó como grandes hitos en el objetivo de preservar lo que desde el Govern balear es denominada "moratoria automática de nuevas licencias" las supuestas revocaciones de licencias de apertura de sendos salones de juego en Marratxí e Inca (quedaban fuera de la moratoria) a cargo de sus respectivos ayuntamientos. Precisamente en el encuentro de ayer se rodeó del alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y de representantes de la Plataforma Vecinal de Marratxí, entre otras.

Decimos supuestas 'revocaciones' porque ¿acaso un representante de la Administración puede intervenir contradiciendo un procedimiento administrativo perfectamente reglado? Tentaciones de esta naturaleza tienen en el ámbito jurídico otro tipo de denominaciones. Lo que en palabras de Yllanes han sido 'revocaciones', en realidad fueron 'desestimientos' por parte de los inversores de ambos salones de juego, que finalmente dejaron caer la licencia porque empresarialmente no les resultaba atractiva la propuesta en Marratxí e Inca.

Yllanes también se refirió a la primera suspensión de licencias de establecimientos de juego de enero de 2020. "Permitió parar una dinámica de aperturas sin límite", afirmó. Pero lo que Yllanes no dijo, de la misma manera que tampoco se hizo eco el 23 de diciembre en sede parlamentaria la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, es que justamente el TSJ de Baleares derogó tal suspensión, si bien el Govern horas antes de revelarse el fallo aprobó una nueva suspensión actualmente en vigor que en la óptica del vicepresidente "es una replanificación sectorial retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia".

Que en la ley se imponga un máximo de 75 salas de juego y que se impida toda nueva apertura hasta alcanzar las 75 salas es sin duda el tema estrella del equipo Yllanes.

Y todo ello en la misma jornada en que trascendió la petición de imputación del vicepresidente Yllanes por supuesta prevaricación y falsificación de documento público en relación con el 'caso Varadero', según informó OK Diario. Al tratarse de un aforado, la petición pretende traspasar la causa al TSJ de Baleares.