El Consell Econòmic i Social pide al Ejecutivo autonómico que "precise las consecuencias que podría tener la reducción de licencias, su impacto en la recaudación de tasas de juego y en la pérdida de empleos" en el dictamen 18/2022 que adjuntamos.

El CES recuerda que las referencias anteriores son "elementos suficientemente importantes y que sería preciso conocer su alcance para poder establecer las medidas convenientes para mitigar estos impactos".

El CES también reclama al Govern que en la exposición de motivos, tiene que indicar "los motivos que han originado su elaboración, los objetivos que pretende conseguir, los fundamentos jurídicos habilitantes en que se apoya, los principios y las líneas generales de la regulación cuando sean necesarias para una mejor comprensión del texto legal y la incidencia en la normativa en vigor, con indicación especial de los aspectos más nuevos".

Igualmente pide que en los exteriores de los establecimientos de juego se permita indicar el nombre comercial y la marca específica del local.

También pide modificar el plazo de 6 meses de prescripción para las infracciones leves ("es muy reducido") "porque en ese margen de tiempo difícilmente podrán detectarse la mayoría de infracciones". La recomendación es ampliar a 1 año.

No es una sorpresa, pero una vez más la mezcla del online (incluso su total protagonismo frente al presencial) es una constante abundando en el desenfoque, circunstancia que en el caso del Govern balear hay que interpretar como una estrategia gubernamental. Así, por ejemplo, el dictamen se fija en el Informe del Jugador Online de la DGOJ de 2020, circunstancia que se repite porque el CES ya pidió al Govern balear a propósito de la reforma del reglamento de Máquinas en 2019 que "desarrollara acciones preventivas necesarias, sobre todo dirigidas a la población más joven". De nuevo esa mezcla invita a la confusión sobre lo que se está regulando de facto: el mercado presencial del juego de entretenimiento privado, y no el online cuya titularidad es estatal.