Los servicios jurídicos admiten públicamente que el texto carece de informes indispensables en su tramitación, invade competencias de otras Administraciones y, según recoge el rotativo Última Hora, "ha sufrido tantas modificaciones durante el período de alegaciones que aconsejan reiniciar el procedimiento.

En el capítulo relativo a los establecimientos de juego de la capital balear el Plan Urbanístico es claramente susceptible de invadir competencias autonómicas. Así lo recordábamos en JPnoticias del 12 de enero de 2022 cuando preguntábamos al Govern baear si defendería sus competencias ante las pretensiones de Cort.

En la página 265 del anteproyecto a exposición pública, identificaba tal cual a "las salas de juegos de azar, bingos, casinos y salas de apuestas" (...) "como actividades generadoras de adicciones en zonas dotacionales de uso frecuente de la población". En esa lectura el texto suspendía la admisión de usos recreativos.

Obviamente no hubo respuesta desde la Direcció General de Comerç i Empresa a aquella pregunta, ni tampoco defensa o réplica ante tal afirmación cuando tales identificaciones resultaban cuando menos atentatorias a la reputación de las empresas.

El proyecto estrella del Pacte de Govern en Cort liderado por Neus Truyo (concejal de Urbanismo) recibió recomendaciones de mejora de más de 900 entidades, entre ellas el propio Govern balear a través de la Direcció General de Recursos Hídricos, que se negó a emitir informe favorable obligatorio justificándolo en "no incorporar datos y documentación básica". La preceptiva aportación del Departament de Carreteres del Consell informó desfavorablemente, justamente por invadir sus competencias. Desde Habitatge cuestionaron la viabilidad económica sobre las que se sustenta el PGOU. Y el Colegio de Arquitectos contrapuso el estudio económico y sus guarismos, además de vulnerar los principios de igualdad y homogeneidad, tal como recogía Última Hora.

En nuestra edición del 23 de febrero de 2022 nos hicimos eco del vehemente rechazo expuesto por SAREIBA a la revisión del Plan General por el enorme impacto sobre el sector Salones al atribuirse el Ayuntamiento de Palma incluso la prohibición de la apertura e instalación o la ampliación de los existentes en su término municipal, entre otras.

El pasado 2 de septiembre los grupos municipales del PP y Ciudadanos pidieron en el pleno extraordinario la suspensión de la tramitación del Plan. Argumentaban "por los múltiples escándalos y pelotazos urbanísticos que han saltado a la palestra desde que se aprobó inicialmente el PGOU" (...) "También por las incongruencias del propio documento o las incompatibilidades con planes supramunicipales".