La disposición forma parte del decreto-ley que deroga la ley del Informante y regula el Sistema Interno de Información de la Administración de la Junta, que se adapta a la norma estatal.

Fue precisamente Luis Miguel González Gago quien defendió el decreto-ley en su primera intervención en el Pleno de Las Cortes en sus funciones de Consejero de Presidencia de la Junta.

Como el margen de 24 meses para no conceder nuevas autorizaciones concluye el 11 de junio, la Junta amplía ese margen hasta el 1 de enero de 2025, o bien hasta la vigencia de la reforma de la ley del Juego de Castilla y León, que está tramitándose.