El director General de CeJuego resalta la "gran cooperación entre el regulador y los operadores de Juego, vital en la reducción del riesgo de comportamientos de juego problemático, compulsivo o patológico, que colocan a España como uno de los países con unas cifras de juego problemático más bajas".

El juego responsable: un llamamiento a la sensatez y la transparencia

Por Alejandro Landaluce, director general de CeJuego

La llegada de la pandemia y sus efectos ha colocado a la salud mental en un puesto destacado dentro del debate público. Durante los últimos dos años hemos sufrido las consecuencias de uno de los confinamientos más prolongados de la historia que, lamentablemente, ha traído consigo una evidente erosión de nuestro bienestar psíquico y emocional, multiplicando la aparición de trastornos mentales, siendo los más frecuentes, tanto en la atención primaria como en la especializada, los vinculados a la ansiedad, la depresión y los problemas del sueño. Según la OMS, más del 20% de la población tendrá un problema mental a lo largo de su vida, una afirmación que a todos nos genera una enorme inquietud.

Algunos sectores políticos han aprovechado esta situación para crear discursos falaces en torno a la salud mental. Afirmaciones deshonestas que instrumentalizan la realidad, presas de las jaulas ideológicas desde las que nacen. Es el caso de una afirmación de dudosa honestidad que comienza a ser más que frecuente y que erosiona y deforma la realidad: En España existen 680.000 personas con adicción al juego. Esta afirmación, con vocación de mantra, choca frontalmente con los datos de todas las administraciones públicas que reflejan que, en España, las personas con trastorno de juego no exceden de 7.000.

La irresponsabilidad de quienes trivializan y simplifican la realidad que rodea a los trastornos conductuales, banaliza y dispersa la complejidad que en ellos subyace. La Administración Pública ha de tratar los problemas de salud mental con la responsabilidad, la honestidad y la transparencia que se merecen las personas vulnerables, que requieren de medidas de protección efectivas.

El sector del juego lleva muchos años trabajando en apoyar todas aquellas iniciativas que fomentan el juego responsable. Medidas como los estrictos controles de entrada en los locales de juego evitan de manera eficaz el consumo de juego entre los sectores más vulnerables, como los menores de edad o los autoprohibidos.

España es uno de los países del mundo con unas cifras de juego problemático más bajas, y esto es gracias a la cooperación entre el regulador y los operadores de juego, necesaria para reducir el riesgo de comportamientos de juego problemático, compulsivo o patológico, en un camino que tiene como objetivo seguir haciendo de nuestra actividad una forma de ocio seguro, responsable y con garantías suficientes para todos los jugadores.

Es necesaria una mayor implicación de la Administración Pública para fortalecer y desarrollar políticas de protección de los colectivos más vulnerables. Reforzar el modelo de atención, dotar de más personal y ampliar el presupuesto, son líneas estratégicas para priorizar la salud mental en el sistema sanitario. Las políticas de salud pública efectivas han de incidir en la prevención de los trastornos comportamentales y disminuir el riesgo de generar conductas adictivas, para conformar una sociedad informada y segura. La Administración debe asumir la responsabilidad en torno a la protección de las personas con trastornos de juego problemático y menores de edad que continúan teniendo fácil acceso a las modalidades de juego público, como los Rascas, las Quinielas o las Loterías en sus modalidades presenciales y online.

Como hasta ahora, el legislador cuenta con la entera disposición de todo este sector para seguir recorriendo juntos este camino. Desde CeJuego trabajamos para iluminar con datos la conversación pública en torno al juego problemático, algo fundamental para asumir la responsabilidad de todos los operadores con honestidad y sensatez. Creemos que, de esta manera, entre todas las iniciativas públicas y privadas, podemos contribuir a una mayor protección de aquellas personas más vulnerables, pues la responsabilidad es contraria a la trivialidad.