Si el Constitucional estimara los argumentos insertos en los recursos, todos los expedientes sancionadores impuestos por Consumo desde la aprobación del real decreto 958/2020, de 3 de noviembre, decaerían.

Aunque el ministro Alberto Garzón expresó en redes sociales en mayo de 2021 la molestia que le causaban los recursos judiciales planteados al real decreto de Comunicaciones Comerciales, particularmente el formulado por LaLiga, desde Jdigital la reacción a la noticia a preguntas de JPnoticias, ha sido la cautela y con "una oferta abierta de permanente diálogo con la DGOJ y el Ministerio de Consumo".

Los recursos planteados ante el Tribunal Supremo siempre destacaron que la prohibición publicitaria dejaba a los consumidores indefensos y desprotegidos, además de propiciar un mayor riesgo potencial de adicciones. Jdigital, por ejemplo, reiteró que la publicidad de empresas legales es justamente la garantía de que los clientes se mueven en un entorno de juego reglado frente a los riesgos de acceder a operadores no licenciados en el mercado español.

A efectos formales, nada cambia en el escenario actual. El real decreto de Comunicaciones Comerciales seguirá vigente, cuando menos hasta que el Tribunal Constitucional decida en 3 o 4 años (siendo optimistas), si realmente estamos ante una situación que contraviene los artículos 38 y 53 de la Constitución española. Si fuera la decisión favorable en ese sentido, quedaría nulo el artículo 7 de la ley estatal del Juego y el real decreto 958/2020, de 3 de noviembre.

Una consecuencia directa en tal caso es que todas las sanciones y expedientes que pudieran haberse emprendido en ese tiempo, quedarían sin base jurídica por lo que el Estado quedaría obligado a su devolución.

En cualquier caso, la inseguridad jurídica que el real decreto 958 ya creó en su momento, se agudiza para las empresas que concurren en el mercado Punto Es.

En este sentido también habrá que ver cuál es la reacción y toma de posición de la DGOJ y por extensión del Ministerio de Consumo, aunque la experiencia sobre el comportamiento de sus actuales inquilinos presagia escaso recorrido.

En ese escenario de permanente incerteza, Jdigital reiteró a través de JPnoticias el pasado viernes su oferta de "diálogo permanente con la DGOJ". No puede olvidarse la tramitación del real decreto de Entornos de Juego Más Seguros, que Mikel Arana ya ha avanzado aprobar a finales de año, y que también levanta severas críticas sobre determinados artículos.