La sobrevenida decisión del Tribunal Supremo es una patata caliente, aunque actualmente hay dos proyectos de ley en tramitación: la modificación puntual de la vigente ley estatal del Juego y la del Audiovisual que la semana pasada evidenció las diferencias en el seno del Ejecutivo.

Naturalmente los siguientes movimientos que adopte Consumo serán seguidos con interés. No es momento para que operadores y afiliados del Juego Online estatal crean que han logrado el objetivo. A lo sumo es un pequeño logro.

Sin embargo, formalmente el Gobierno tiene margen. Como señalan a JPnoticias fuentes jurídicas seguidoras del presente affaire judicial, "estéticamente no debería". Sin embargo, que el real decreto siga en vigor es en si misma una circunstancia que ampara al Gobierno español.

Congreso de los Diputados y Senado tienen entre manos la tramitación de la reforma de un artículo y una Disposición de la ley estatal del Juego que busca reforzar las funciones de la DGOJ sobre protección de los participantes en riesgo ante actividades de juego y colaboración en la lucha contra el fraude y manipulación de las competiciones deportivas, que en esencia significa una actualización de la Unidad Central de Juegos. ¿Incorporar alguna enmienda al texto? Sería preciso que la propuesta evacuara consulta en todos los Ministerios como es habitual en estos casos, pero en este punto será importante captar la reacción del Ministerio.

La reforma legislativa en marcha se acompaña del impulso de un real decreto de Entornos de Juego Más Seguros, cuyo articulado también levanta severas dudas acerca de la constitucionalidad de ciertos principios que aparentemente se integrarían reglamentariamente cuando seguramente también lo deberían hacer por vía de ley.

En Las Cortes españolas también se está tramitando el proyecto de ley del Audiovisual en uno de cuyos artículos se abordan aspectos relacionados sobre la publicidad del Juego Online. La aparente premura en la tramitación dejaría aparentemente poco margen de maniobra, máxime con los disensos tan notables entre el grupo socialista y Podemos, que se pusieron en evidencia en la sesión parlamentaria de la semana pasada en el Congreso.