26 proyectos, expresamente definidos por el Ministerio de Consumo como 'científicos', serán destinatarios de una partida económica total de 1.319.249'21 euros entregada por la DGOJ con el objetivo aparente de hallar un mecanismo de detección de 'comportamientos de riesgo' que preveía la Disposición Final Tercera del real decreto 176/2023, de 14 de marzo.

Se trata de la segunda convocatoria de las subvenciones para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos de juego con los efectos derivados de tales trastornos o los riesgos asociados relativos al año 2023, cuyo plazo de ejecución se extiende hasta el 30 de junio de 2024.

Las líneas de investigación y prevención se articulan en la detección temprana de participantes con comportamiento de juego de riesgo; daño individual, familiar o social asociado al juego (salud personal, impacto emocional o psicológico, dificultades financieras, afectación laboral, problemas legales...)

Los 1'32 millones de euros tienen unas entidades beneficiarias de la convocatoria muy extensa y amplia: Universidad de Granada, Universidad Complutense, Universidad de Lleida, Universidad Miguel Hermández (Elche), Universidad de Zaragoza, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Almería, Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Consorci Sanitari de Terrassa, Universidad de la Iglesia de Deusto, Universidad Rey Juan Carlos I, Universidad Internacional de a Rioja, SA, Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Universidad de Barcelona, Universidad Politècnica de Madrid, Universidad de Alicante, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo, y Universidad Europea Miguel de Cervantes, SA.

La extensa relación que figura en la Propuesta de Resolución definitiva de la Subdirección General de Regulación del Juego que adjuntamos con las solicitudes admitidas a trámite y las excluidas plantea un escenario en el que presuntamente la nómina de estudiosos en la materia puede superar el dato de afectados por trastorno de juego, a tenor de los propios datos manejados por el Ministerio de Sanidad, que los situaría en el 0'02% de la población española.

La Disposición Final Tercera del real decreto 176/2023, de 14 de marzo, emplazó a la DGOJ para que en el margen de dos años (15 de septiembre de 2025) desarrolle un mecanismo de detección de 'comportamientos de riesgo' que sería utilizado por todos los operadores a partir de los criterios determinados por la DGOJ y que presuntamente sería a partir de las conclusiones de estos estudios.