Erre que erre el regulador y ahora el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo mantienen el criterio de no diferenciar juego legal de juego ilegal en un mensaje a la opinión pública sobre la dimensión de las sanciones al Juego Online que no se corresponde con la realidad.

Una vez más ejercicio de proyección de una media verdad al anunciar la DGOJ a bombo y platillo las resoluciones sancionadoras firmes por infracciones graves y muy graves en el segundo semestre de 2023.

Las muy graves han representado un total de 80 millones de euros, que se corresponden con entidades que carecían del título habilitante. La novedad en este caso es que sí incluye la referencia de que estas empresas se mueven en el juego ilegal en el texto de la nota oficial. Cada una de las 9 ha recibido una sanción de 5 millones de euros por vulnerar el artículo 39.a) de la ley estatal del Juego.

Igualmente se ha emitido una resolución sancionadora por infracción muy grave del artículo 39.g) de la ley estatal de Juego con una sanción de 35 millones de euros e inhabilitación para la realización de actividades de juego del artículo 1 de la ley estatal del Juego por 4 años.

La posibilidad de que la DGOJ pueda cobrar estas cuantías resulta quimérica.

7 resoluciones de operadores de juego por infracciones graves al corresponder con empresas autorizadas y licenciadas por diferentes valoraciones reglamentarias son las sanciones restantes, que en buena lógica sí percibirá la DGOJ en tanto se trata de marcas licenciadas en el mercado regulado español.