El Gobierno italiano anula el proceso de revisión de licencias que tenía que asumir la Agencia de Aduanas y Monopolios, pero con la mirada puesta en un nuevo proyecto de reorganización del conjunto del sector que debería completarse en los próximos dos años.

La extensión, no obstante, no será gratis. Los operadores tienen que satisfacer 7.500 euros cada uno de ellos, circunstancia que supondrá unos ingresos adicionales para el erario de entorno a 65 millones de euros. Es la fórmula que permitirá despejar las dudas que asaltaban a los operadores sobre su eventual continuidad en este mercado, siempre sujeto a sobrevenidas decisiones políticas.

Más allá de esta decisión coyuntural, lo más relevante es que el Ministerio de Economía ultima un proyecto de ley de Reorganización del Juego en Italia que no sólo requerirá el refrendo del parlamento italiano, sino también los Gobiernos regionales. Es una incógnita saber cuál puede ser el alcance de esta iniciativa, pero la propuesta es de alto calado porque afectará a todos los negocios que configuran la oferta de Juego Presencial en Italia.

El calendario de esta iniciativa legislativa debería ser votado antes de la primavera de 2023.