El consejero de Presidencia, Ánge Ibáñez, no puede caer en el error de obviar la responsabilidad y el compromiso que ha caracterizado el ejercicio de la actividad sectorial a lo largo de los últimos años, incluida la vertebración comercial de la apuesta deportiva.

Uno de los "problemas" que pretenden solucionarse con la iniciativa legislativa es, según revela el procedimiento de Consulta Pública Previa del proyecto de reforma de la ley del Juego "la negativa percepción que tiene la sociedad sobre la actividad de ocio que ofrece el sector económico empresarial del juego y de las apuestas". Es una referencia particularmente severa y bastante injusta más aún en una comunidad como la castellano-leonesa que durante más de una década ha celebrado un Congreso monográfico itinerante por su geografía sobre la realidad del sector y de la industria, y que precisamente ponía de manifiesto la plena transparencia del mismo a la sociedad y a los medios de comunicación.

Igualmente desenfocado es atribuir al marco reglamentario castellano-leonés "un incremento de la publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego y apuestas" cuando tal circunstancia únicamente podría achacarse a los exteriores de los establecimientos, pero no precisamente en los medios locales donde tales herramientas estaban prácticamente anuladas precisamente por la legislación vigente.

Los Congresos sectoriales que presidieron los otoños castellano-leoneses de los últimos años fueron ejemplo de justamente todo lo contrario a lo que hace referencia la Consulta Pública. Por eso desacreditaría el compromiso por el rigor y la regulación de los últimos años si la Junta a través de su titular, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, no lo pusiera en valor durante la tramitación del proyecto legislativo. El tsunami que ha repercutido sobre el sector Presencial, fundamentalmente alimentada por una corriente cargada de sesgo ideológico, no puede poner patas arriba la labor de concienciación, sensibilización y responsabilidad que presidió el desarrollo de la actividad en los años pasados. Aquel período no puede quedar en el olvido, ni la Junta puede ignorarlo sin más, si realmente aspira a que la reforma a promover sea eminentemente proactiva.

Por de pronto, las soluciones regulatorias que se persiguen en la descripción de la reforma legislativa apuntan directamente hacia una modificación del reglamento regulador de Máquinas y Salones aprobado por decreto 12/2005, de 3 de febrero.