El 30 de enero de 2022 debe estar completado el decreto que, a diferencia del criterio dispensado en la anterior ley de 2013, reunirá en un solo texto toda la normativa regulatoria de cada una de las modalidades de juego competencia de la Junta.

En realidad, la nueva ley 5/21, de 23 de julio, rige desde el sábado 1 de enero de 2022 a excepción de los artículos relacionados con la tributación del Juego (Título V, Capítulo 1), cuya vigencia tendrá lugar el próximo 1 de julio en coherencia con el nuevo criterio de devengo trimestral de la tasa de juego que, de esta forma, se adecúa respecto del anterior de periodicidad semestral.

Durante el mes de diciembre el que será un nuevo macrodecreto destinado a desarrollar todo el armazón de la ley permaneció en el seno del Consejo Consultivo de la Junta para su análisis. Es decir, se trata de un macrodumento que incluirá las características del Catálogo de Juego, del Registro de Empresas, los aspectos relacionados con Publicidad, las autorizaciones de instalación y el larguísimo etcétera que todas las modalidades al abrigo de la ley del Juego habilitan en cuanto a procedimientos administrativos.

Fuentes sectoriales consultadas por JPnoticias admiten que "se trata casi un ejercicio de fusión de todos los contenidos precedentes, salvo aspectos muy concretos como las distancias de 150 metros, el retorno al 'silencio administrativo negativo' o los controles de acceso fundamentalmente". Y es que el ejercicio mediático de la Junta fue muy potente, en especial de su presidente, Emiliano García-Page, en la descripción de un escenario muy alejado de la realidad de los hechos, pero útil en la agitación de la 'alarma social'.

No es un juicio de valor: lo afirma la propia exposición de motivos del texto legal en vigor desde el 1 de enero de 2022: "La ley de 2013 fue un buen marco de configuración del sector del Juego en Castilla-La Mancha" (...) "óptimo funcionamiento de las 'declaraciones responsables' y las 'comunicaciones' realizadas en ese tiempo, y las 'autorizaciones administrativas' reservadas a la protección prevalente del interés general".