PP y C's ven en la reforma legislativa buscar el fin de un sector que emplea a más de 400 personas en La Rioja y genera 10 millones de euros en fiscalidad directa.

Una ley que se aprueba por un solo voto de diferencia y que, lejos de buscar un consenso durante su tramitación, desde el minuto 1 siempre ha pretendido cargar el peso de la culpa al juego de entretenimiento presencial. El reconocimiento en las vísperas de la única diputada de IU, Henar Moreno, que el texto se había gestado en coordinación con el Ministerio de Consumo, cuyas competencias son en el ámbito online, constituye toda una declaración de intenciones en sí misma.

La nueva ley estipula una serie de imperativos que en la óptica del Ejecutivo autonómico requerirá inversiones cuantiosas, por ejemplo en inspectores, en personal para el Negociado de Juego y en inyección a los planes de prevención. La experiencia en el capítulo inversor hasta la fecha en el caso de La Rioja ha demostrado su absoluta parquedad.
Henar Moreno volvió ayer a hablar de "impacto de proliferación de casas de apuestas en La Rioja", recordó el drama personal de un afectado por 'juego problemático' y que "el objetivo es proteger a los sectores más vulnerables" por lo que ultima un Plan de Prevención de Adicción al Juego. Un discurso prácticamente calcado al expuesto por el socialista Francisco Ocón, que complementó con referencias "a las nocivas consecuencias para los jóvenes de los Salones". ¿A qué se refiere realmente cuando menciona 'jóvenes'? En el caso de Ocón su exposición admitió "confrontación con las empresas del sector Salones", otro clarísimo ejemplo de que cuál ha sido desde el primer instante el principio rector de la norma en la perspectiva del PSOE.

Desde Cs Belinda León lamentó que PSOE y Grupo Mixto, "pese a los avisos del Consejo Consultivo, han persistido en la voluntad de eliminar empresas y empleos del sector del Juego en La Rioja". A propósito del riesgo de adicción, instó a los partidos de gobierno: "Dígannos una sola adicción que se haya eliminado con prohibición".

Desde la bancada popular Alfonso Domínguez ha recriminado al Gobierno que "aquellos a los que no les parece mal que una menor de edad aborte o autodetermine su género no les gusta que la gente juegue y cuando no les gusta algo, lo que hace es prohibirlo" (...) "Estamos ante una ley que es una imposición ideológica sobre la libertad de los ciudadanos".

Domínguez recuperó las cuatro cartas que le llegaron pidiendo que no cerraran el negocio familiar. "Cerrarán los Salones y la gente seguirá jugando por Internet. Eso ya es más difícil de controlar".