El objetivo es que, en tanto no se apruebe la modificación de la vigente ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y Apuestas, no sean concedidas nuevas autorizaciones.

De nuevo, la recurrente fórmula del decreto-ley como atajo para evitar debates amplios y exhaustivos sobre una realidad concreta. Hablamos de la moratoria de autorización y tramitación de locales de juego, pero como la iniciativa es transversal también figuran aspectos como fijar sanciones por incumplir la obligación de solicitar certificado Covid en Baleares; garantías en la financiación de organizaciones sindicales y empresariales; consignación anual en el presupuestos autonómico para financiar gastos estructurales y de servicios prestados; regulación de declaración responsable para agilizar trámites de obras; bonificación del transporte marítimo interinsular, y; en el ámbito farmacéutico.

A finales de enero el legislativo autonómico validó el decreto-ley de 23 de diciembre de 2021, que fue publicado en el BOIB del 1 de enero de 2022. Precisamente el TSJ de Baleares sentenció el 12 de enero de 2022 que la primera suspensión de autorizaciones vía Acuerdo de Govern del 10 de enero de 2020 "carecía de justificación".

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, que ayer defendió la elevación a ley de la medida, se ocupó de defender en el Parlament balear el decreto-ley sin que durante su intervención recordara el fallo suspensivo del 12 de enero de 2022.