El elogio del 'desconocimiento' admitido por la Administración autonómica ante una nueva petición por conocer la dimensión de la oferta sectorial en Baleares no le impidió promover una reforma de la ley del Juego que precisamente se caracterizó por no aportar referencia objetiva alguna sobre la evolución de los respectivos subsectores.

Adjuntamos lo esencial de la respuesta oficial emitida por la Conselleria de Transición Energética de Sectores Productivos y Memoria Democrática, a través del Servicio de Juego de la Direcció General de Comerç.

Afirma como previo que "no tiene información sobre datos económicos del Sector del Juego". Y posteriormente recalca la imposibilidad de facilitar esta información "porque supondría una acción previa de reelaboración de la información de la que dispone el Servicio de Juego debido a que la aplicación informática no funciona de forma correcta y, en consecuencia, los datos solicitados se tendrían que extraer consultando expediente por expediente de un total de más de 5.000 expedientes en vigor".

Por último, resalta que la introducción de la nueva aplicación JOCS, cuyo objetivo era extraer toda la información solicitada sin necesidad de consultar expediente a expediente, no fue aplicada "porque se rescindió el contrato por incumplimiento contractual de la empresa adjudicataria y por tal motivo la situación no ha variado sobre lo expresado en 2022".

Efectivamente, JPNoticias solicitó en junio de 2022 esta misma documentación y entonces se alegó no facilitarla en el hecho que no se había introducido plenamente la nueva aplicación JOCS.

Lo paradójico de la situación que describe el propio Govern balear es que careciendo de datos sobre el sector que regula, se atrevió a acometer una reforma legislativa. No es extraño que la citada modificación no abunde en datos en la exposición de motivos, sino en consideraciones que no dejan de ser meras valoraciones subjetivas.