Se trata de uno de los reglamentos que desarrollan la ley del Juego de la Comunidad Valenciana aprobada en 2020, cuya vigencia fue un hecho en junio de aquel mismo año, y que el viernes adelantó el rotativo Levante-EMV porque el dictamen seguía sin publicarse ayer domingo en la web oficial del CJC.

El Pleno del CJC determina que el proyecto de decreto es conforme con el ordenamiento jurídico, siempre que se atiendan las observaciones esenciales realizadas y que señalamos a continuación.

Para empezar dos observaciones esenciales 'de carácter general':

• El Consell recuerda al Govern que "el proyecto tiene que respetar los preceptos legales que fijan aspectos como las conductas antijurídicas y los límites de las sanciones a imponer, además de los principios y reglas esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora".
• Señala igualmente que "es innecesario regular o reproducir aquéllo que ya está regulado en las disposiciones básicas" (...) "Avisa que en el texto del proyecto hay una reiteración de artículos de la ley 39/2015 y que en ocasiones hay una reinterpretación de la norma legal que infringe el principio de jerarquía normativa y el de competencia".

Observaciones de 'carácter particular':

• El artículo 34 relativo a la gradación de sanciones. "El texto introduce nuevas circunstancias que no hacen referencia a lo contemplado en la ley" por lo que recomienda prescindir de dos apartados: "el relativo a si el infractor es persona física o jurídica y el que estipula una fórmula abierta".

"En el objeto del proyecto no se puede disponer que el reglamento complementa la ley porque contraviene el principio de jerarquía normativa, ya que una norma reglamentaria únicamente desarrolla la normativa legal".

"Resulta de difícil comprensión el artículo relativo al tiempo de conservación de los datos tratados o sobre que en algunos artículos se otorguen a aspectos que no estaban en la ley".

"Hay que suprimir el precepto que refiere sobre la lengua del acta entre las partes porque es innecesario, ya que el uso de las lenguas oficiales en la Comunitat Valenciana ya está regulada por la ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. Además, la redacción propuesta para el artículo podría vulnerar los derechos del interesado en todo procedimiento a ser tratado en la lengua que elija".

El proyecto de decreto fue remitido el 8 de junio de 2023 por la Conselleria de Hacienda de la Generalitat, que en aquel momento ya estaba 'en funciones'.