Todo ciudadano tiene la posibilidad de registrarse en el RGIAJ motu propio para impedirse el acceso a los juegos online y juegos de loterías (ONCE y SELAE), pero no todos los inscritos se identifican con personas con patología como ha parecido querer trascenderse en la divulgación de estos datos.

Tomar la parte por el todo es un recurso facilón que no sólo los medios de comunicación en general, sino fundamentalmente los políticos han sabido utilizar de manera harto perversa en numerosas oportunidades cuando se abordaban aspectos relacionados con el Juego.

La difusión por Europa Press el pasado fin de semana de los datos de Prohibidos en el Registro que gestiona la DGOJ (Ministerio de Consumo) ha dado pie a una proyección sideral de la dimensión que esta opción ciudadana a partir de cálculos sobre el impacto del incremento interanual en cada comunidad autónoma.

Frecuentemente la referencia a la estadística de Prohibidos en el RGIAJ ha querido ser asociada directamente con personas diagnosticadas con trastornos por patología.

El censo estatal del RGIAJ alcanzaba 63.646 personas.

Además, cada comunidad y ciudad autónoma dispensa un Registro Autonómico en el cual los inscritos no pueden acceder a la oferta de juego gestionada por la Administración autonómica. Figurar en este Registro es compatible con hacerlo en el estatal.