La primera reunión ha tenido lugar con la diputada, Marisa Saavedra, y personal técnico de Unidas Podemos a los que trasladaron "que en el futuro evitemos que se nos vea mucho más como operador de Juego que como entidad verdaderamente social".

El Ministerio de Derechos Sociales que encabeza Ione Belarra (Unidas Podemos) es la máxima autoridad, a expensas del Consejo de Ministros, sobre la ONCE por lo que es curioso que esta formación haya sido la primera.

En cualquier caso, las líneas que traslada son:

• Verdadero control de legalidad sobre las actuaciones y decisiones de la Dirección de la ONCE para garantizar el verdadero cumplimiento de sus fines y evitar desviaciones de su naturaleza social.
• Voz de los sindicatos representativos en el Consejo General como órgano de gobierno de la ONCE y en el Consejo del Protectorado.
• Que toda persona ciega tenga derecho a la venta y que las personas que se han incorporado a la plantilla de personal vendedor no sean apartadas por insuficiencia de rentabilidad si la cifra de recaudación que obtienen supera la venta mínima del convenio: 1.0509 euros/semanales.
• Incorporación de la ONCE a la ley de Transparencia, evite la opacidad de sus acuerdos, decisiones e incluso retribución de sus directivos y consejeros.
• Derechos de participación a las personas con discapacidad distinta a la ceguera, y al resto de trabajadores/as.