La ANJ, que señala que la relación será actualizada con periodicidad mensual, afirma de esta forma los poderes y facultades otorgados por el Gobierno en 2022 para ejecutar directamente el bloqueo, instar a abandonar la oferta de contenidos en Francia y hacer lo propio respecto de publicidades de estos sitios ilegales.

Hasta ahora la decisión del cierre requería la intervención de un juez, lo que significa la demora de casi medio año en la adopción de la medida. Desde estas atribuciones la ANJ actúa en conexión con un juez administrativo que requiere directamente a proveedores de internet el bloqueo de aquellas webs ilegales o de la publicidad no autorizada.

La ANJ se expresa pedagógica, ya que pide a los jugadores informar de la existencia de los sitios ilegales de juego al ente regulador.