Los dictámenes a los recursos planteados por las empresas operadoras castellano-leonesas descartan las correcciones de autoliquidación de la tasa de juego solicitadas, pero abren una nueva línea jurídica argumental que toma en consideración el concepto de 'responsabilidad de la Administración'.

Las reclamaciones económico-administrativas formuladas por las empresas operadoras castellano-leonesas por los días de inactividad de las máquinas recreativas tipo B durante el confinamiento determinado por el 'estado de alarma' declarado por Las Cortes a petición del Gobierno español y posteriormente por los días de inactividad de los establecimientos a raíz de las medidas administrativas restrictivas adoptadas por la Junta que también supusieron el cierre durante numerosas fechas han hallado la desestimación del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR).

Son resoluciones que, en general, ya se esperaban. Los argumentos expuestos, entre otros, atribuyen como hecho imponible de la tasa fiscal el otorgamiento de la 'autorización administrativa' y precisando que no corresponde al tribunal enjuiciar si la comunidad autónoma debió o no establecer medidas tributarias para paliar las consecuencias derivadas de la imposibilidad temporal de explotación de las máquinas recreativas como consecuencia de la declaración del 'estado de alarma' de los establecimientos donde estaban instaladas las máquinas.

Sin embargo, las resoluciones del TEAR de Castilla y León abren una nueva línea jurídica argumental. Y es que deja entrever la imputación de la actuación administrativa del Gobierno español primero y de la Junta después "en la eventual presencia, en su caso, de un supuesto de responsabilidad de la Administración".

Así pues, cobra aún mayor vigencia el redactado de las sentencias del Tribunal Constitucional contra la declaración del 'estado de alarma'. Y no olvidemos igualmente que la Junta, como el resto de Comunidades Autónomas de Régimen Común percibió un fondo de compensación (Cuarto Tramo del Fondo Covid 2020) de la Administración General del Estado amparándose en la pérdida de ingresos por tributos de Juego de la Junta en el ejercicio 2020 a consecuencia de la pandemia que, según los cálculos de la revista Joc Privat (JP342/Enero 2021), fueron de algo más de 14'39 millones de euros.