El texto del proyecto de ley del Juego de La Rioja afirma en su exposición de motivos que "España es uno de los países de Europa con mayor índice de ludopatía en jóvenes entre 14 y 21 años".

Es una afirmación carente de fundamento argumental porque ningún estudio documenta tal afirmación. Ni siquiera el citado texto hace referencia a fuente alguna para someter tal aserto a un redactado legislativo. Para más inri, al referirse a esta afirmación lo hace diciendo que "conviene recordar". Para 'recordar' sería preciso referenciar qué es lo que se debe o tiene que recordarse.

Más adelante esa misma exposición de motivos recoge los datos del consumidor de juego online en España, según las referencias del Análisis del perfil del jugador online 2018 de la DGOJ. Aquí sí se utiliza una fuente (la DGOJ), aunque podría buscarse una referencia más cercana en el tiempo porque 2018 ya queda bastante atrás. Y lo que afirma realmente sólo permite describir una realidad que ya destacamos en la revista Joc Privat: y es que la principal franja de edad de consumidores abarca de 18 a 45 años, lo que es sustancialmente amplio. Los datos referenciados se limitan a aportar una descripción.

Dentro de las novedades que aporta el texto, plantea la creación de una 'Estrategia Pública Integral de Prevención del Juego Problemático', que incluiría un plan de acción bianual (imaginamos que será una errata y el texto querrá decir bienal) que aborde las acciones coordinadas de prevención y tratamiento de la adicción y trastornos de juego entre los distintos órganos de la Administración autonómica: talleres y actividades formativas de educación para la salud, implantación de unidades multidisciplinares específicas de tratamiento de adicción al juego, protocolos de detección precoz y control de juego problemático y patológico en el ámbito educativo y sociosanitaria, además de una enigmática referencia "al fomento del ocio alternativo y el ocio educativo especialmente dirigido a las personas adolescentes y jóvenes".

En el plazo de doce meses desde la vigencia de la ley debería ser aprobado un Programa de Prevención del Juego Problemático, sugiere el texto.