El texto todavía pendiente de debate en el legislativo riojano afianza la supresión de las apuestas de Hostelería, las A siguen identificándose como 'máquinas de juego' y asigna 200 metros de distancia de locales de juego con "centros docentes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Enseñanzas artísticas" como vemos en el proyecto que adjuntamos.
Tras el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, al cual de momento no es posible acceder sin que exista explicación, el texto del proyecto de ley del Juego de La Rioja mantiene la línea de dureza hacia las empresas del sector. Un buen ejemplo de ello es la incorporación del artículo 68.2 relativo al procedimiento sancionador que detalla la publicación en el Portal de Transparencia de las sanciones graves y muy graves "interpuestas contra salones de juegos y apuestas una vez hayan adquirido firmeza en vía administrativa, siempre conforme con la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales".
La inseguridad jurídica de las empresas de Salones no mengua porque los establecimientos de juego con autorización de funcionamiento o renovación otorgada con anterioridad al 1 de febrero de 2020 y que en la fecha de solicitud no cumplieran el requisito de la distancia tendrán opción a una única renovación por un plazo máximo de 5 años y, en todo caso, finalizará una vez transcurridos siete años a partir de la vigencia de la ley, según detalla el proyecto de la Disposición Transitoria Segunda.
La generalización del 'silencio administrativo negativo' es un nuevo ejemplo del atentado a la seguridad jurídica de inversiones empresariales, máxime cuando lo encuadra respecto de todo procedimiento de autorización, que requiere validación previa por la propia Administración.
Las máquinas auxiliares de apuestas quedan circunscritas sólo a tiendas y espacios de apuestas o recintos deportivos donde se celebren eventos deportivos. La titularidad de las licencias tendría una vigencia de 10 años renovables.
Por su parte, el Consejo de Gobierno asume la aprobación de la estrategia Integral de Prevención y Tratamiento del juego problemático, y su plan de acción bianual (¿bienal?) a propuesta de la Comisión de Juego.