Insta a adaptar la ley del Juego valenciana a los criterios de la sentencia del TSJ de Andalucía relativos a la ciudad de Cádiz, recordando el cierre de Salones y la pérdida de casi un centenar de empleos en Comunidad Valenciana.

Los estrictos controles de acceso que frenan la entrada de menores y prohibidos en los Salones son un argumento clave para reivindicar que los Salones "no son un riesgo para menores".

La asignación de distancias no resuelve el potencial problema "porque la prohibición no afecta a los juegos más populares y adictivos como son los rascas de la ONCE, que pueden venderse a las puertas del colegio, o las loterías públicas".