La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, asegura en sede parlamentaria durante la defensa del debate a la totalidad del proyecto de nueva ley del Juego que "el Gobierno aragonés tiene el compromiso de adoptar medidas que desincentiven".

A fuerza de repetir mantras y que los datos no los respalden, puede suceder que a la Policía o a los Servicios de Inspección que realizan su trabajo con aparente diligencia les pueda ocurrir que los propios políticos pongan en duda la eficiencia de su labor. Los balances inspectores de la policía y de los servicios de inspección autonómicos en las respectivas comunidades reflejan constantemente la ausencia de casos de menores o prohibidos. Así también lo atestiguan los comisarios jefes de las Unidades al reconocer la ausencia de casos cuando se les pregunta directamente.

Sin embargo, la machacona reiteración de una alarma ficticia sigue escaldando a una clase política carente de un criterio claro. En esa tesitura poner en riesgo incluso la gestión policial era una posibilidad cierta.

Un buen paradigma de esta alerta, que venimos advirtiendo en los últimos meses desde JPNoticias, es la reflexión de la consejera Pérez en Aragón. El pasado viernes en Las Cortes aragonesas dejó caer estas sospechas que resultan ciertamente difícil de digerir para un sector empresarial absolutamente comprometido y, lo más importante, altamente cumplidor y sometido a unas reglas estrictas y rigurosas apoyadas en una reglamentación específica.

Pérez pidió "incrementar la eficacia de la inspección de la Unidad Adscrita a la Policía Nacional", lo que es tanto como afirmar que no se cree los balances oficiales de la misma.

Recordemos los datos publicados por la revista Joc Privat (JP345-Abril 2021) facilitados por la Policía Nacional como oficiales de su labor. En Aragón en los tres primeros meses de 2021 se habían realizado 280 inspecciones en establecimientos de juego y locales de hostelería sin detectar ningún caso de menor o prohibido. En 2020 fueron 973 las inspecciones y tampoco hubo referencia oficial de expedientes por menores y prohibidos.

Mayte Pérez adelantó en paralelo la iniciativa de una Comisión Técnica con presencia de Sanidad, Educación, Ciudadanía y Presidencia "para asesorar al sector", aunque todavía desconocemos su alcance.

Durante su intervención señaló "el compromiso para adoptar medidas que desincentiven" y buscó como justificación que... ¡atentos!: "en el último año el porcentaje de personas de 14 a 18 años que han apostado ha pasado del 16 al 25%". Alucinante referencia, una vez más sin documento apoyado en estudio ad hoc que lo sostenga. A continuación, aseguró que, "gran parte del problema, reside en el juego online y en las apuestas deportivas", que en el primer caso competen a la Administración central. Como ya hemos indicado, en el caso de la apuesta retail no se advierten en los datos policiales oficiales caso alguno que anime a asegurar tales afirmaciones.

En la toma de posición el diputado socialista Darío Villagrasa señaló la presentación de 176 enmiendas al anteproyecto, aceptándose el 41%. E diputado del PP, José Antonio Lagüens, recordó el perfil "eminentemente familiar de las empresas operadoras aragonesas". Ciudadanos (Beatriz García) precisó que el Online y el juego de SELAE y ONCE quedan fuera del debate y que el conjunto del sector en Aragón mantiene 2.500 empleos directos.

Según Itxaso Cabrero (Podemos) "es el país con mayor número de menores con ludopatía". IU (Alvaro Sanz) habla de "ocio responsable". Chunta Aragonesista (Carmen Martínez) estima que "el 'juego patológico' aumenta". Desde Vox (David Arranz) emplazan a "proteger a los menores". Y en el PAR (Jesús Guerrero) pide complementar la condición "lícita, legal y creadora de empleo de la actividad con la protección de los sectores vulnerables".

Estos son los mimbres con el que se abre el debate parlamentario de la nueva ley del Juego de Aragón.