El DOCV de ayer lunes 29 de enero publicó la Resolución de 19 de enero de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública que publicita el Acuerdo del Consell de 4 de enero de 2024.

Resulta ciertamente llamativo que en las Conclusiones del documento (página 39) se ataque la lógica del ‘juego responsable’ porque parte de la premisa de que “la causa última de la adicción es el propio juego y las condiciones en las que se presenta en la sociedad”. Sostener esta afirmación es tanto como negar la oferta de entretenimiento y por eso en ese mismo apartado se aboga por “actuar sobre las condiciones en las que éste se presenta” y definir unas condiciones regulatorias “diferentes en función de su potencial peligrosidad”.

Un argumentario que defiende “superar el concepto de ‘juego responsable’ buscando otra formulación como la del ‘juego seguro’ o la que la doctrina científica acuñe, que resulte más acorde con los factores que propicia la ludopatía”.

Y para ello aporta fórmulas preventivas que, de hecho, ya están siendo aplicadas no sólo en la normativa valenciana sino en la generalidad de Comunidades Autónomas: listado de juegos permitidos, condiciones en las que debe presentarse el retorno en premios, inmediatez, limitación o prohibición de publicidad, prohibición de acceso al juego a determinadas personas (niños, niñas, adolescentes o personas autoexcluidas), identificación fehaciente de la persona jugadora.

¿Por qué hablamos de una sospechosa incoherencia sobre la cuestión? Porque entre los cuatro principios rectores expuestos de la Estrategia Valenciana figura precisamente el “respeto a las reglas básicas de una política de ‘juego responsable’ (página 22), que en las Conclusiones es motivo de rechazo.

Los objetivos generales descritos son: concienciar y sensibilizar a la ciudadanía de los riesgos y daños derivados del trastorno del juego; formación de los agentes clave para que dispongan de una capacitación especializada, y fomento de habilidades y conductas alternativas al juego de azar. Todos ellos claramente focalizados en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el impulso de alternativas de ocio.

La segunda línea estratégica se sustenta en el fomento de formación de los profesionales de los ámbitos social y sanitario especializados en el tratamiento del trastorno de juego; promover la detección precoz de conductas de riesgos en personas que se encuentran en el ámbito de los sistemas de Comunidad Valenciana, y adecuar los recursos y programas de la red asistencial de drogodependencias y otros trastornos adictivos a las necesidades específicas del trastorno del juego.

La tercera línea estratégica es identificar la frecuencia del trastorno por juego en la población en general, implementar y actualizar los sistemas de información de la red asistencial y preventiva, identificar las variables ambientales que favorecen el trastorno de juego y promover la colaboración y cooperación entre los agentes clave en la prevención del trastorno por juego.

Y por último la cuarta línea que se sustenta en una “regulación con criterios científicos”, que dibuja un escenario de orfandad por parte de la Administración, que no habría sido capaz de evaluar los datos generados por el sector del juego de entretenimiento presencial de titularidad privada, ni tampoco de analizar los datos derivados de las acciones inspectoras. Su lectura de la página 33 a la 39 del documento que adjuntamos así parece deducirlo.