La exposición del representante de FAPA, José Manuel Torre, durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia que evalúa la reforma de la ley del Juego describe claramente el posicionamiento de esta entidad: "el juego no es sostenible porque siempre es dañino".

Sobre la posibilidad de sancionar a los menores de edad que, valiéndose de procedimientos engañosos y fraudulentos, intentan colarse en los establecimientos de juego incluso con un documento de identidad falso, Torre opone que "la sanción no es la solución". A su juicio, "hay otras formas de informar a las familias de lo que han hecho sus hijos que no sea una multa".

Es interesante comprobar las argumentaciones que estos colectivos plantean respecto de una práctica legal, autorizada y sometida a férreos controles y el expreso deseo de restar penalización a los menores que sencillamente abusan de su condición y en algunos casos que las empresas cántabras del sector han tenido que vivir en primera persona no sólo lo han tenido que afrontar, sino que además con reiteración y bajo amenazas a sus empleados/as.

Esta misma entidad criticó "el apoyo de instituciones" al desarrollo de programas de prevención sobre el juego en centros escolares. "La prevención no puede venir de manos de los empresarios del juego porque lo que el sector plantea en favor de la sostenibilidad no puede ser porque siempre es dañina".