Los Servicios de Inspección del Gobierno de Cantabria realizaron más de 2.700 inspecciones en Salones de Juego y 6.500 a máquinas B en general con apenas dos expedientes sancionadores.

La consejera de Presidencia, Paula Fernández, presidió la Comisión del Juego de Cantabria. Una reunión que otorgó el plácet al proyecto de decreto de Actividades Recreativas, que todavía tiene que superar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

Sin embargo, la coyuntura del juego de entretenimiento de titularidad privada capitalizó gran parte de las intervenciones. Por ejemplo, las referencias a la labor inspectora a cargo de los funcionarios, cuya plantilla ha pasado de 2 a 14 efectivos.

Elogió la implantación del sistema de control de acceso a Salones de Juego y en ese sentido valoró muy positivamente el balance de inspección que evidencia el alto grado de cumplimiento del sector.

La derivada tributaria y muy especialmente la escasa sensibilidad que en este ámbito demostró la Consejería de Hacienda del Ejecutivo cántabro (en manos del PSOE dentro del acuerdo de Gobierno) durante el confinamiento y la pandemia fue recriminada desde las centrales sindicales presentes en la Comisión. No en vano, no fue adoptada medida paliativa o compensatoria alguna en el ejercicio 2020, lo que obligó a las empresas a satisfacer las cuotas fiscales como si no hubiera sucedido nada. De hecho, tal como informamos hoy el TEAR de Cantabria ha emitido las primeras Resoluciones que obligan a la devolución de las cuantías por períodos de cierre imperativo e imposibilidad de ejercer la actividad comercial de las Máquinas B.