Toda la oposición vota contra el articulado que recoge el nuevo Régimen Sancionador, particularmente el 53 relativo a los sujetos responsables de las infracciones, el 58 sobre las infracciones tipificadas leves y 60 y 61 específicos sobre sanciones.

Las infracciones leves suponen multas de entre 500 y 5.000 euros, las graves desde 5.000'01 a 30.000, y las muy graves desde 30.000'01 a 150.000 euros.

El posicionamiento del grupo popular en torno al Régimen Sancionador fue muy gráfico al señalar que "al Gobierno se le ha ido de las manos". C's por su parte habló directamente de "desproporción".

Ambas formaciones transmitieron una sensibilidad sectorial que ha sido una constante en los últimos años: el papel de menores y prohibidos que buscan medios para acceder a los establecimientos mediante fraude o engaño. Y es una cuestión a flor de piel en el empresariado porque lamentablemente lo han tenido que vivir las empresas y particularmente los/as empleados/as de cada uno de estos locales. En esa línea pretendían algún tipo de sanción a los infractores, aunque ésta no fuera económica. Sin embargo, desde los grupos que apoyan al Gobierno Revilla se han rechazado de plano.

Habrá ocasión de evaluar el nuevo texto que suple a la norma de 2006. Ayer la consejera de Presidencia, Paula Fernández, defendió el texto como "una buena ley" que logra "un equilibrio entre las expectativas del sector, que contribuye anualmente fiscalmente al erario autonómico y genera empleo, y paralelamente una mejor protección de las personas más vulnerables.