El establecimiento de un Convenio con la Administración central para interaccionar el Registro Autonómico con el Estatal es divulgado en el portal oficial del Ejecutivo autonómico como si este tipo de Registros lo fueran exclusivamente de personas con problemas.

No es la primera vez que se confunden los términos, pero en este caso es preciso que la Administración cántabra corrija el error. El Registro de Interdicciones es un espacio de inscripción libre del ciudadano, pero su inscripción no es sinónimo de persona con problemas de juego.

Desafortunadamente lo que ha trascendido a la opinión pública es lo contrario porque el comunicado oficial que adjuntamos a raíz de la participación en el Consejo de Políticas del Juego (CPsJ) del 28 de febrero precisamente transmite que se trata de personas con patologías. Las 538 inscripciones que figuran en el Registro, según informa el Ejecutivo autonómico. Es decir, considerando que la población adulta (mayores de 18 años) de Cantabria a fecha 1 de julio de 2022 era de 495.960 personas, el índice de registros representa el 0'11% de la población mayor de edad.

Desde el punto de vista formal el Ejecutivo autonómico destaca que para cruzar los Registros Estatal y Autonómico ha sido desarrollada una aplicación informática vinculada a su vez al servicio de admisión, que es de aplicación en el decreto del Gobierno de Cantabria a todos los establecimientos de juego. En el caso que la persona inscrita intente acceder al local, salta un aviso de inmediato. Igualmente son derivadas de las inscripciones del Registro Autonómico al Estatal incluyendo el juego online y el presencial.

Por cierto, la nota oficial habla de Ceuta y La Rioja como firmantes del Convenio con la Administración central. Hay que sumar a Castilla-La Mancha.